Reflexión del Día del Politécnico

Día del Politécnico, 21 de mayo, debería ser un día de reflexión obligada más que de celebración. Nuestro Instituto padece una enfermedad y nuestra comunidad es quien debería estar cuidándolo.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una institución resultado de los ideales sociales y Cardenístas, mismos que están plasmados en sus primeros cinco artículos de su Ley Orgánica (LOIPN). Cualquiera que pueda leerlos, le será imposible no sentir la intención de beneficio social y nacional.

El IPN no es un regalo del gobierno o de las clases dominantes y acaudaladas de México. Fue el resultado de la lucha y mucha sangre derramada por mexicanos desde —al menos— nuestra Revolución.

Actualmente el IPN enfrenta una ola de políticas enfocadas a su separación y privatización.

Los trabajadores del IPN enfrentan modificaciones a sus condiciones laborales que los coloca en condiciones cada vez más desventajosas para realizar sus labores y, a su vez, obstaculizan todos los objetivos contemplados en el artículo 3º de la LOIPN.

Podemos citar algunos ejemplos para el personal docente. Sufren la contratación desventajosa de esquemas “por horas” donde se les obstaculiza el reconocimiento como docentes de tiempo completo. Sufren el desconocimiento de su antigüedad y el retraso de asignación de su plaza de base, así como su categoría docente. Sufren la exclusión de apoyos y becas. Sufren el acoso de las autoridades creando una comunidad docente mayoritariamente sumisa, servil y pusilánime. Entre tantos otros.

Otros ejemplos aplicados al personal no docente están los trabajadores que realizan labores de limpieza y mantenimiento, todos ellos subcontratados y mantenidos en condiciones laborales deplorables. Considerando que la subcontratación (outsourcing) ya es en sí misma una forma de contratación denigrante para el trabajador y ventajosa para el patrón.

Por otro lado, los estudiantes del IPN enfrentan adoctrinamientos antisociales y hostiles. Se promueve la competencia y no la colaboración o solidaridad. Se promueve el individualismo y no el sentido de grupo. Se promueve la autocensura y no la libertad de expresión. Se promueve el sexismo y no la equidad de género. Se promueve el paternalismo y no la independencia y autosustento. Se promueve el uso de lenguas extranjeras y no el uso de lenguas indígenas.

Este sector de la comunidad también se enfrenta a la violación sistemática de la gratuidad en sus servicios, plasmada en el artículo 5º de la LOIPN, además de otras normativas superiores como el artículo 6º de la Ley General de Educación (LGE) o la fracción IV del artículo 3º constitucional.

Ejemplos de lo anterior abundan. Están los cobros de cursos de idiomas o cualquier tipo de capacitación dentro de las instalaciones del IPN, la renta de aulas a empresas privadas de capacitación, la solicitud de cuotas en actividades deportivas, la inducción y promoción de programas privados de recaudación de fondos como Bécalos, Cruz Roja, etc., la venta de guías de estudio para exámenes de ingreso mismos que bien podrían estar disponibles libremente en formato electrónico y demás casos.

Estas políticas son creadas, propuestas, promulgadas y ejecutadas por muchos “politécnicos”, las mismas personas que han sido beneficiadas por todas las prestaciones del Instituto, pero que ahora limitan con sus acciones a futuras generaciones.

Siempre he dicho “los enemigos del Politécnico (IPN) son también politécnicos”, ya sea por acción o por omisión.

Insisto, el Día del Politécnico debe ser un día de reflexión, crítica y conmemoración. Debemos reflexionar sobre el estado actual del Instituto. Debemos hacer crítica sobre las acciones que individual o grupalmente realizamos para contribuir con su hundimiento o defensa. Finalmente debemos conmemorar sobre su historia que nos revelará los ideales y motivaciones fundacionales.

La falacia gubernamental “la ley se cumple”

Tuvieron que pasar numerosas movilizaciones civiles, muchas de ellas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) aceptara a dialogar con los representantes de la CNTE pero imponiendo condiciones. Sin embargo, el gobierno mantiene una actitud cerrada e intransigente argumentando que la ley se debe cumplir, de hecho, para sentarse a dialogar impuso la condición de no tratar temas de la reforma educativa.

Imposición de una ley injusta

Si partimos del hecho de que una ley puede ser injusta, entonces es muy fácil entender que esa ley debe ser cambiada. Esto precisamente es lo que ocurre con la reforma educativa.

El gobierno de EPN ha difundido a través de su aparato de propaganda una buena imagen de la reforma educativa —así como todas las demás reformas que su gobierno ha impulsado/impuesto— y que es para beneficio de la sociedad mexicana. Sin embargo, ninguna ley puede ser de beneficio cuando tienen como consecuencia la pérdida de derechos de la clase trabajadora y que como consecuencia deja a los trabajadores en una situación de inestabilidad laboral.

La reforma educativa no tiene absolutamente nada de “educativa”, no aporta modificaciones o mejoras en temas educativoslo que sí realiza es cambiar las condiciones laborales de los profesores. Cualquiera puede entender que esto se le llama “laboral” y no “educativo”. Obviamente, este no es un error simple, de hecho es una estrategia premeditada para evitar manejar con claridad los temas.

La reforma educativa somete a los trabajadores a una situación de evaluación perversa. Los pone frente a una evaluación en donde quien acepte evaluarse puede conservar su empleo pero con otro esquema de contratación más desventajoso que el que tenía, y quién no se evalúe, simplemente pierde su empleo. Luego, quien sí se evaluó, está obligado a evaluarse periódicamente y nada evita que cualquier día pueda perder su empleo.

En otras palabras, el derecho de la “plaza de base”, el cual ofrece la estabilidad laboral, deja de existir. En México este derecho no existe en la iniciativa privada, incluso cuando cualquier trabajador lógicamente desearía poder gozar de este beneficio.

Por lo tanto, si la reforma educativa no aporta beneficios en materia educativa y si disminuye derechos laborales entonces ¿cómo puede ser benéfica una ley así?, es absolutamente contradictoria y absurda.

La ley no es inalterable

El gobierno de EPN, a través del encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, ha impuesto como condición para dialogar con los representantes de la CNTE que no se trate ningún tema relacionado con la reforma educativa.

Si se considera que la reforma educativa es una causa de las manifestaciones, entonces resulta absurdo imponer que no se discuta el objeto de controversia.

Una buena práctica que una sociedad —que se dice— democrática debería cumplir es la apertura al diálogo y a la crítica. En contraste, la condición que el gobierno impone para dialogar cierra toda posibilidad a discutir si la ley es injusta o no, si es perjudicial o no, etc., y se opta por la intolerancia a la crítica.

Las leyes son entes dinámicos y que por lo tanto están sujetos a cambios, si la ley no es útil para la sociedad, entonces existe la posibilidad de cambiarla y la obligación y responsabilidad de cambiar la ley radica en el Poder Legislativo. Con lo anterior, surge la crítica natural pero reiterada: ¿dónde están los legisladores que deberían representar a todo ese sector de la población que se opone a la ley injusta?, quizá deberíamos preocuparnos más por madurar nuestra democracia.

La ley fue aprobada en un proceso cuestionable

La reforma educativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y por lo tanto tiene completa validez legal, sin embargo, lo que no se dice con frecuencia y que se olvida pronto, es que a pesar de que gran parte de la sociedad se manifestó en contra de todas las reformas, los legisladores las aprobaron casi sin discusión.

Esto indudablemente debería alarmarnos más el problema de representatividad que la sociedad mexicana tiene y que es realmente grave comparado con las dificultades para aplicar esta ley injusta.

Las reformas fueron aprobadas en el marco de una alianza política llamado “Pacto por México” y fue ampliamente documentado que los legisladores aprobaron iniciativas sin un proceso previo de crítica ni debate y —mucho menos— de consulta ciudadana.

Las reformas fueron aprobadas incluso cuando enormes manifestaciones civiles y pacíficas se realizaron y recorrieron los recintos legislativos en espera de que los legisladores cumplieran con su deber democrático de representar a la sociedad.

Por lo tanto, ¿qué validez puede tener una ley que fue tan repudiada por la sociedad?, ¿en dónde está nuestro estado democrático y qué tan buenos representantes son los legisladores?, ¿por qué abundan las políticas que amplían las desigualdades y no las políticas de bienestar social?

La ley se cumple cuando se quiere

Aurelio Nuño declaró “la ley no se discute, se cumple”. El gobierno se muestra como un observador y defensor férreo de la ley, pero siempre con plena discrecionalidad y conveniencia.

Si la ley no se discute y se cumple, entonces

  • ¿Por qué no se cumple el artículo 25° de la Ley General de Educación que dice que se debe destinar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a gasto en educación y al menos el 1% del PIB a investigación científica?,
  • ¿Por qué no se cumple el artículo 5° de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que dice que la educación que imparta el IPN debe ser gratuita?

y así nos podemos cuestionar tantos casos donde el gobierno no se presenta como defensor de la ley, sino como vergudo de la misma.

Consecuencias laborales si el IPN fuera autónomo

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con el artículo 2º de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN) [1]. Al ser dependiente de la administración federal, las relaciones laborales entre el IPN y sus trabajadores están reguladas por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Si el IPN se convirtiera en un organismo autónomo tendría como consecuencia inmediata que las relaciones laborales de los trabajadores del IPN dejen de ser regidas por el apartado B del artículo 123 de la CPEUM [2] y pasen a regirse por el apartado A de este mismo artículo. El sustento esto está en la fracción VII del artículo 3º de la CPEUM el cual habla de las universidades e instituciones de educación superior autónomas y establece que las relaciones laborales se regirán por el apartado A.

El artículo 123 de la CPEUM considera dos grupos de trabajadores y los divide en los apartados A y B. El apartado A está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo [3] y el apartado B está reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) [4].

El artículo 4º de la LFTSE clasifica en dos grupos a los trabajadores: los de confianza y los de base. El artículo 6º de la LFTSE especifica los trabajadores de base, mientras que el 5º especifica los trabajadores de confianza.

En este mismo artículo 6º de la LFTSE, les da a estos la característica de “inamovibles” hasta después de 6 meses y un día de trabajo sin nota desfavorable. Esto le da a los trabajadores una estabilidad laboral.

Además, el artículo 10º de la LFTSE establece que no se puede renunciar a los derechos que esta ley otorga. Lo que implica que protege al trabajador evitando que por algún acto voluntario o forzado este opte por renunciar a derechos.

Las consecuencias inmediatas de que el IPN sea un instituto autónomo es la pérdida de los derechos que el apartado B y toda la normativa que se derive les otorga, particularmente la cualidad de “inamovibles” y por ende la estabilidad laboral de los trabajadores del IPN se pierde.

Es importante aclarar que el hecho de que los trabajadores se consideren inamovibles, no implica que no pueden ser retirados de sus cargos, sin embargo se deben seguir procedimientos para el cese de un trabajador.

El artículo 46º de la LFTSE protege al trabajador del cese de su trabajo si no hay una causa justa y ahí mismo prevé causales, adicionalmente se contemplan algunas más en el artículo 46º Bis.

En conclusión, la autonomía en IPN sería completamente perjudicial —al menos— en materia de derechos laborales.

Fuentes y Referencias

[1]: Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/171.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[2]: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[3]: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[4]: Ley Federal del Trabajo
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.