La falacia gubernamental “la ley se cumple”

Tuvieron que pasar numerosas movilizaciones civiles, muchas de ellas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) aceptara a dialogar con los representantes de la CNTE pero imponiendo condiciones. Sin embargo, el gobierno mantiene una actitud cerrada e intransigente argumentando que la ley se debe cumplir, de hecho, para sentarse a dialogar impuso la condición de no tratar temas de la reforma educativa.

Imposición de una ley injusta

Si partimos del hecho de que una ley puede ser injusta, entonces es muy fácil entender que esa ley debe ser cambiada. Esto precisamente es lo que ocurre con la reforma educativa.

El gobierno de EPN ha difundido a través de su aparato de propaganda una buena imagen de la reforma educativa —así como todas las demás reformas que su gobierno ha impulsado/impuesto— y que es para beneficio de la sociedad mexicana. Sin embargo, ninguna ley puede ser de beneficio cuando tienen como consecuencia la pérdida de derechos de la clase trabajadora y que como consecuencia deja a los trabajadores en una situación de inestabilidad laboral.

La reforma educativa no tiene absolutamente nada de “educativa”, no aporta modificaciones o mejoras en temas educativoslo que sí realiza es cambiar las condiciones laborales de los profesores. Cualquiera puede entender que esto se le llama “laboral” y no “educativo”. Obviamente, este no es un error simple, de hecho es una estrategia premeditada para evitar manejar con claridad los temas.

La reforma educativa somete a los trabajadores a una situación de evaluación perversa. Los pone frente a una evaluación en donde quien acepte evaluarse puede conservar su empleo pero con otro esquema de contratación más desventajoso que el que tenía, y quién no se evalúe, simplemente pierde su empleo. Luego, quien sí se evaluó, está obligado a evaluarse periódicamente y nada evita que cualquier día pueda perder su empleo.

En otras palabras, el derecho de la “plaza de base”, el cual ofrece la estabilidad laboral, deja de existir. En México este derecho no existe en la iniciativa privada, incluso cuando cualquier trabajador lógicamente desearía poder gozar de este beneficio.

Por lo tanto, si la reforma educativa no aporta beneficios en materia educativa y si disminuye derechos laborales entonces ¿cómo puede ser benéfica una ley así?, es absolutamente contradictoria y absurda.

La ley no es inalterable

El gobierno de EPN, a través del encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, ha impuesto como condición para dialogar con los representantes de la CNTE que no se trate ningún tema relacionado con la reforma educativa.

Si se considera que la reforma educativa es una causa de las manifestaciones, entonces resulta absurdo imponer que no se discuta el objeto de controversia.

Una buena práctica que una sociedad —que se dice— democrática debería cumplir es la apertura al diálogo y a la crítica. En contraste, la condición que el gobierno impone para dialogar cierra toda posibilidad a discutir si la ley es injusta o no, si es perjudicial o no, etc., y se opta por la intolerancia a la crítica.

Las leyes son entes dinámicos y que por lo tanto están sujetos a cambios, si la ley no es útil para la sociedad, entonces existe la posibilidad de cambiarla y la obligación y responsabilidad de cambiar la ley radica en el Poder Legislativo. Con lo anterior, surge la crítica natural pero reiterada: ¿dónde están los legisladores que deberían representar a todo ese sector de la población que se opone a la ley injusta?, quizá deberíamos preocuparnos más por madurar nuestra democracia.

La ley fue aprobada en un proceso cuestionable

La reforma educativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y por lo tanto tiene completa validez legal, sin embargo, lo que no se dice con frecuencia y que se olvida pronto, es que a pesar de que gran parte de la sociedad se manifestó en contra de todas las reformas, los legisladores las aprobaron casi sin discusión.

Esto indudablemente debería alarmarnos más el problema de representatividad que la sociedad mexicana tiene y que es realmente grave comparado con las dificultades para aplicar esta ley injusta.

Las reformas fueron aprobadas en el marco de una alianza política llamado “Pacto por México” y fue ampliamente documentado que los legisladores aprobaron iniciativas sin un proceso previo de crítica ni debate y —mucho menos— de consulta ciudadana.

Las reformas fueron aprobadas incluso cuando enormes manifestaciones civiles y pacíficas se realizaron y recorrieron los recintos legislativos en espera de que los legisladores cumplieran con su deber democrático de representar a la sociedad.

Por lo tanto, ¿qué validez puede tener una ley que fue tan repudiada por la sociedad?, ¿en dónde está nuestro estado democrático y qué tan buenos representantes son los legisladores?, ¿por qué abundan las políticas que amplían las desigualdades y no las políticas de bienestar social?

La ley se cumple cuando se quiere

Aurelio Nuño declaró “la ley no se discute, se cumple”. El gobierno se muestra como un observador y defensor férreo de la ley, pero siempre con plena discrecionalidad y conveniencia.

Si la ley no se discute y se cumple, entonces

  • ¿Por qué no se cumple el artículo 25° de la Ley General de Educación que dice que se debe destinar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a gasto en educación y al menos el 1% del PIB a investigación científica?,
  • ¿Por qué no se cumple el artículo 5° de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que dice que la educación que imparta el IPN debe ser gratuita?

y así nos podemos cuestionar tantos casos donde el gobierno no se presenta como defensor de la ley, sino como vergudo de la misma.