Reflexión del Día del Politécnico

Día del Politécnico, 21 de mayo, debería ser un día de reflexión obligada más que de celebración. Nuestro Instituto padece una enfermedad y nuestra comunidad es quien debería estar cuidándolo.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una institución resultado de los ideales sociales y Cardenístas, mismos que están plasmados en sus primeros cinco artículos de su Ley Orgánica (LOIPN). Cualquiera que pueda leerlos, le será imposible no sentir la intención de beneficio social y nacional.

El IPN no es un regalo del gobierno o de las clases dominantes y acaudaladas de México. Fue el resultado de la lucha y mucha sangre derramada por mexicanos desde —al menos— nuestra Revolución.

Actualmente el IPN enfrenta una ola de políticas enfocadas a su separación y privatización.

Los trabajadores del IPN enfrentan modificaciones a sus condiciones laborales que los coloca en condiciones cada vez más desventajosas para realizar sus labores y, a su vez, obstaculizan todos los objetivos contemplados en el artículo 3º de la LOIPN.

Podemos citar algunos ejemplos para el personal docente. Sufren la contratación desventajosa de esquemas “por horas” donde se les obstaculiza el reconocimiento como docentes de tiempo completo. Sufren el desconocimiento de su antigüedad y el retraso de asignación de su plaza de base, así como su categoría docente. Sufren la exclusión de apoyos y becas. Sufren el acoso de las autoridades creando una comunidad docente mayoritariamente sumisa, servil y pusilánime. Entre tantos otros.

Otros ejemplos aplicados al personal no docente están los trabajadores que realizan labores de limpieza y mantenimiento, todos ellos subcontratados y mantenidos en condiciones laborales deplorables. Considerando que la subcontratación (outsourcing) ya es en sí misma una forma de contratación denigrante para el trabajador y ventajosa para el patrón.

Por otro lado, los estudiantes del IPN enfrentan adoctrinamientos antisociales y hostiles. Se promueve la competencia y no la colaboración o solidaridad. Se promueve el individualismo y no el sentido de grupo. Se promueve la autocensura y no la libertad de expresión. Se promueve el sexismo y no la equidad de género. Se promueve el paternalismo y no la independencia y autosustento. Se promueve el uso de lenguas extranjeras y no el uso de lenguas indígenas.

Este sector de la comunidad también se enfrenta a la violación sistemática de la gratuidad en sus servicios, plasmada en el artículo 5º de la LOIPN, además de otras normativas superiores como el artículo 6º de la Ley General de Educación (LGE) o la fracción IV del artículo 3º constitucional.

Ejemplos de lo anterior abundan. Están los cobros de cursos de idiomas o cualquier tipo de capacitación dentro de las instalaciones del IPN, la renta de aulas a empresas privadas de capacitación, la solicitud de cuotas en actividades deportivas, la inducción y promoción de programas privados de recaudación de fondos como Bécalos, Cruz Roja, etc., la venta de guías de estudio para exámenes de ingreso mismos que bien podrían estar disponibles libremente en formato electrónico y demás casos.

Estas políticas son creadas, propuestas, promulgadas y ejecutadas por muchos “politécnicos”, las mismas personas que han sido beneficiadas por todas las prestaciones del Instituto, pero que ahora limitan con sus acciones a futuras generaciones.

Siempre he dicho “los enemigos del Politécnico (IPN) son también politécnicos”, ya sea por acción o por omisión.

Insisto, el Día del Politécnico debe ser un día de reflexión, crítica y conmemoración. Debemos reflexionar sobre el estado actual del Instituto. Debemos hacer crítica sobre las acciones que individual o grupalmente realizamos para contribuir con su hundimiento o defensa. Finalmente debemos conmemorar sobre su historia que nos revelará los ideales y motivaciones fundacionales.

La congruencia en la crítica

Nuestros actos, principios y pensamientos, nos definen. Debemos procurar mantener una congruencia si optamos por tener la crítica como estilo de vida.

Habemos muchos que nos hemos mantenido en una posición crítica de nuestro entorno. Misma que no suele ser fácil en un sociedad educada para ser individualista, servil y cupular.

Podemos ver que, salvo en raras excepciones, las jerarquías burocráticas recompensan las sumisiones en vez de recompensar las capacidades. No es común ver, personas críticas, progresistas, humanistas, solidarias en los cargos de servicio público. Suelen ser cargos donde el perfil necesario requiere la capacidad de suprimir la moral y obedecer incondicionalmente.

La lección

Nunca debemos perder la habilidad de criticar, mucho menos la de identificar las falacias y mantener la memoria histórica. Sólo así podremos reconocer aquellos que albergan y conservan esa incongruencia entre sus palabras y sus actos, aquellos que son capaces de desviarse de la ética frente a los intereses individuales y momentáneos, aquellos que sólo dicen ser críticos cuando les es conveniente.

Muchas personas se han mantenido pusilánimes y sumisos ante los atropellos de las autoridades, han optado por callar frente atentados contra sus compañeros —o peor aún, aliarse con el maltratador—, siempre con la esperanza de ser recompensado por esa actitud agachona.

De estos últimos, sólo unos pocos se han dado cuenta que la sumisión no paga bien, no siempre cumple sus promesas y que al final también eran igual de humanos y vulnerables como aquellos que alguna vez vieron sobre sus hombros.

Nunca olvidemos que los servidores públicos tienen la responsabilidad de servir a la sociedad, que las autoridades también son servidores, que los cargos de autoridad no son para priorizar el beneficio personal, ni para atentar contra los demás.

Nunca debemos perder el sentido de solidaridad. Al final todos somos igualmente vulnerables como individuos.

La importancia

Podemos ver que con vicios y prácticas dañinas como las descritas anteriormente nuestro país, sociedad, localidades e instituciones han sido afectadas.

Incluso una simple escuela, como la nuestra, no escapa de esta descripción. No hemos sido capaces como comunidad escolar de ser mejores.

Basta observar las violaciones de derechos de nuestros estudiantes, las condiciones laborales de nuestros trabajadores —docentes y no docentes—, la falta de representación y defensa que tienen estudiantes y trabajadores por parte de sus representantes en el Consejo Técnico Consultivo Escolar.

Por todo lo anterior, urge educar a nuestros estudiantes con valores más humanistas. Urge empezar desde nuestras escuelas. Nos urge más gente crítica pero congruente.

Sobre la gratuidad de la educación que imparte el Estado

México es uno de los países en donde existen leyes que garantizan el derecho a la educación, incluso garantiza que la educación que imparta el Estado debe ser gratuita. Esto es un privilegio que no se presenta en muchos países.

Es importante tener una noción más precisa acerca de algunos conceptos como “educación”, “educación que imparte el estado” y con ello conocer el sustento de la gratuidad de esta.

¿Qué es educación?

La Ley General de Educación (LGE) en su párrafo 2º del artículo 2º define lo que entenderá por educación:

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

¿Cuál es la educación que imparte el Estado?

Es importante tener presente que estas normativas hacen referencia a la “educación que imparte el estado”, esto implica que las instituciones educativas deben depender de alguna secretaría del Estado.

Algunos ejemplos de instituciones educación del estado son: el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), debido a que ambas instituciones dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esta es una secretaría de estado, que depende del Poder Ejecutivo.

Algunos ejemplos de instituciones educativas que no son del estado son las instituciones privadas o autónomas (UNAM, UAM, las universidades autónomas estatales, etc.).

¿Cuál es el sustento de la gratuidad en la educación del Estado?

Existen dos normativas federales dictan que la educación que imparta el estado, es decir, en una institución educativa del Estado, debe ser gratuita.

La fracción IV del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala:

Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

Además, el artículo 6º de la LGE señala:

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Como se puede observar la LGE expresa con mayor detalle, la intención de la gratuidad.

Implicaciones del artículo 6º de la LGE

Sólo para enfatizar:

  • Especifica que ninguna donación podrá ser vista como pago del servicio, ¡es una donación! y las donaciones por definición son voluntarias.
  • Especifica que no se puede condicionar cualquier tipo de servicio educativo a los estudiantes a cualquier tipo de pago, por ejemplo, inscripciones, reinscripciones, colegiaturas, etc.
  • Incluso señala casos específicos, —además de las anteriores— acceso a las escuelas, exámenes o el trámite de documentos, etc.
  • Y finaliza señalando que no se puede realizar algún tipo de distinción entre estudiantes en función de la consumación de cualquier tipo de pago.

¿Qué ocurre con la educación en el IPN?

En cuanto a normativa

El artículo 1º de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN) señala que el IPN es una institución educativa del Estado, además en el artículo 2º señala que el IPN es un órgano desconcentrado de la SEP —lo que implica que depende de ella— y por lo tanto la educación que se imparte en el IPN es educación del Estado y como consecuencia también debe ser gratuita.

Adicionalmente a estas leyes, el artículo 5º de la LOIPN señala —textualmente—:

La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita.

con lo que confirma la gratuidad en la educación del IPN.

En la práctica

Es común que los procesos de inscripción, reinscripción o trámite de documentos, se condicionen a la consumación de un pago o se induzca la realización de alguno en las unidades académicas del IPN.

Algunos ejemplos son los pagos requeridos para inscribirse a los cursos en los centros de lenguas o en algunos trámites de constancias relacionadas con temas académicos o escolares en las unidades académicas.

Propuesta para defender el derecho a la educación gratuita

Derecho de petición

El artículo 8º de la CPEUM establece el derecho de petición, que expresa que cualquier ciudadano puede realizar una petición o solicitud —por escrito y con respeto— a cualquier funcionario público y este se encuentra obligado a dar respuesta a esta por los mismos medios, es decir, por escrito.

En caso que el funcionario público no diera respuesta a la petición, estaría incurriendo en una falta e incluso ser procesado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

Petición por escrito

Considerando lo anterior, una propuesta —entre tantas que pueden existir— es que el interesado realice su petición por escrito solicitando el servicio de interés (inscripción, reinscripción, etc.) a la autoridad que compete, citando la normativa que corresponda y solicitando que en caso de negativa, esta se le sustente debidamente.

Ejemplo

Supongamos la situación donde un estudiante “E” solicita la inscripción a un curso “C” ante un funcionario “F” de una unidad académica “UA”. Un ejemplo simple de una solicitud es:

Ciudad de México, a <la fecha>

<F>

Por medio de la presente, solicito amablemente la inscripción al curso <C> que se imparte en esta unidad, <UA>.

Lo anterior de conformidad con el artículo 5º de la Ley Orgánica del IPN, el artículo 6º de la Ley General de Educación y la fracción IV del artículo 3º constitucional.

En caso de negativa a mi solicitud, le suplico sea sustentada debidamente.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo en espera de su respuesta.

Atentamente

<E>

Es importante señalar que la petición debe tener un remitente y su domicilio, en caso de que la respuesta sea devuelta por correo. De manera general sugiero consultar textos de análisis del derecho de petición [5].

Si la razón y el derecho asiste al solicitante con mayor probabilidad se tendrá una respuesta favorable. En caso de tener una respuesta desfavorable es importante analizar el sustento que la acompaña.

¿Qué ocurre con la gratuidad en la educación en otras instituciones?

Se debe analizar la normativa aplicable a cada una de las instituciones para realizar peticiones de este tipo. Es posible que la normativa de otras instituciones tenga algún artículo similar, como en el caso del IPN y el artículo 5º de su LOIPN donde considera la gratuidad.

Fuentes y Referencias

  1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
  2. Ley General de Educación
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf
  3. Ley Orgánica del IPN
    http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/leyes/leyorganicadelipn.pdf
  4. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
  5. “Derecho de petición”
    Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
    http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1336/6.pdf

A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

Este lunes 26 de septiembre de 2016 se cumplen dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, también son dos años de impunidad contra los responsables involucrados en este caso y de una deuda de justicia para las familias y para la sociedad mexicana.

Este caso ha evidenciado la complicidad entre autoridades municipales, estatales y federales, así como al ejército mexicano, para no hacer una investigación que resulte en una explicación confiable de los hechos.

Se ha evidenciado que los mecanismos de investigación del estado no cumplen los estándares internacionales y parecen tener un bloqueo cuando actores políticos están involucrados, probablemente obedeciendo a un pacto de impunidad.

Se han señalado numerosas irregularidades en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Muchas de las irregularidades no fueron subsanadas, ni justificadas por el titular de la PGR en ese momento, José Murillo Karam, por el contrario, se han optado por desacreditarlas.

Se acudió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para tener una investigación alterna a la que realizaba la PGR. Este grupo trabajó en medio de presiones y obstáculos gubernamentales, en lugar de un ambiente de libertad y transparencia. Este grupo se vio presionado a finalizar sus trabajos y salió del país, mientras en la reunión para exponer en su segundo —y último— informe de actividades, el auditorio y la sociedad mexicana pedía que no se retirara.

Se ha expuesto que así como el caso de Ayotzinapa, existe una gran cantidad de casos de desapariciones que han ocurrido y no han tenido la atención pública, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades.

Se tiene otra muestra más de la poca confianza que la sociedad mexicana tiene en las instituciones de impartición de justicia, de investigación y de seguridad, por deficiencias en el ejercicio de sus funciones.

A dos años de la desaparición de estos mexicanos y en memoria de ellos y todos los que sus casos no han visto la luz pública, debemos recordar que sólo podemos aspirar a un mejor México, cuando tengamos una sociedad más unida, más exigente, más crítica y mejor educada.

Fuentes y referencias

[1]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Video)
URL: https://youtu.be/q01SgCzbdyI?t=50m

[2]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Documento)
URL: https://drive.google.com/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view

[3]: Página web oficial del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes
URL: http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa

Comentarios sobre la aprobación de renta de aulas en ESCOM

He aquí mis comentarios del contenido de la grabación de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE) de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) realizada el día 20 de septiembre de 2016, donde se presentó y aprobó la propuesta de renta de aulas en la ESCOM.

La grabación de esta sesión se publicó en la página web oficial de la ESCOM [1] y está dividida en dos partes [2] [3]. Cada uno de mis comentarios tiene referencia a un rango de las ideas vertidas en la grabación, de modo que recomiendo al lector escuchar los audios y leer los comentarios en conjunto.

Audio 1

02:20 – 02:56

Lo correcto de parte de los funcionarios públicos es citar con precisión la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones, lo que dista mucho de “…reglamento que hemos trabajado…”.

Dentro de la presentación de la propuesta, se cita un convenio con el IPN, mismo que no se detalla, ni se presenta —por lo que en el audio se puede suponer— a los miembros del CTCE para su consulta.

02:58 – 03:41

Se argumenta que no se puede tener el contrato sin antes tener un convenio previo, ya que se tiene el convenio entonces se puede tener un contrato y para ello se requiere la aprobación del CTCE.

¿Cómo es que los miembros del CTCE votarían una propuesta de la que no tienen mayor información que la que oralmente se expone, sin tener certeza de la legalidad de la propuesta, pero más importante, sin tener certeza de la moralidad y la conveniencia para la comunidad?

Da la impresión que el proyecto de renta ya está premeditado e impulsado y sólo se requiere que el CTCE lo apruebe, al estilo de “una firma de un papel en blanco” avalando decisiones externas.

06:45 – 07:10

En la minuta no apareció escrito, a petición del profesor Ricardo Ceballos que replicó la propuesta, que “el instituto está para prestar servicios educativos y no para estarse subcontratando… ¡yo me opongo a esto!”. El pronunciamiento del profesor no fue plasmado como lo solicitó.

07:54 – 08:29

Se argumentó que “el curso está pensado para impartirse en sábado, no impactando la actividad académica ordinaria”.

Argumentar esto implica la incomprensión de la actividad principal del IPN y que el profesor Ceballos mencionó en su participación anterior, es decir, “el instituto no está para estarse subcontratando”.

08:30 – 0847

Se argumenta que se ha considerado el beneficio que la escuela puede tener, siendo económico o no, así como el que los estudiantes y docentes también puedan tener. Esto sin detallar “esos beneficios”, queda claro el beneficio económico a la escuela mediante el monto de la renta, pero el argumento es débil en su exposición si no se dan detalles.

Se argumenta “no es una subcontratación”, pero es una renta de un espacio público a una empresa privada donde su actividad lucrativa es la educación, lo cual no está explícito dentro de las finalidades del IPN como lo indica el artículo 3º, ni en las atribuciones del IPN como lo indica el artículo 4º y por el contrario, va en contra del espíritu del artículo 5º que busca la educación gratuita en el IPN. Todos estos artículos de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN).

Este es otro ejemplo del desconocimiento de las autoridades de la normativa básica del IPN y los principios con los que se redacta.

09:20 – 09:23

Se argumenta que “da la posibilidad de que el estudiante —se puede suponer que con la capacitación de estos cursos— tenga la oportunidad de ‘llevar’ un posgrado”.

Personalmente no conozco un solo programa de posgrado que tenga entre sus requisitos alguna certificación o —particularmente— algún curso de la empresa involucrada en la discusión.

10:40 – 11:10

Se argumenta que “se ofertó a toda la planta docente, sobre todo a los departamentos que imparten esas áreas”.

Personalmente, nunca fui notificado ni tuve conocimiento de la oferta de las becas. Si bien no imparto las materias de las que se hace referencia, dada mi formación académica si tengo la capacidad de impartirla —en el. supuesto de que fuera de mi interés—. Considerando lo anterior la medida NO es incluyente por parte de las autoridades.

15:55 – 16:35

Se argumenta que —los conocimiento— “no están relacionados” haciendo referencia a los que se imparten en los cursos y los que se imparten en el plan de estudios. Lo cual fue el argumento de presentación de la propuesta. También cita el ejemplo de “programación” donde “no se tiene señalado con qué lenguaje de programación se va a enseñar” y en los diplomados se enseña java, además que “el profesor por fuerza tenga que enseñar java”.

El argumento es falaz si se considera que dentro del plan de estudios si se enseña java y se usa como lenguaje de uso en varias materias. Por otro lado, suponiendo que no se enseñara y los docentes no estuvieran obligados a enseñarlo, el problema está en el plan de estudios. Este problema no se resuelve con cursos externos.

Audio 2

00:07 – 00:31

Si los estudiantes requieren conocimientos que nuestra escuela, la ESCOM, no imparte, entonces lo correcto es actualizar el plan de estudios que contempla los conocimientos mínimos requeridos y que no están en el actual plan, de otro modo, la labor educativa de la ESCOM está siendo mediocre.

00:33 – 00:45

Me parece grave que no se entienda que el problema no es si la escuela está ocupada o no, sino que la renta de aulas es una forma de privatización del espacio público y esto dista mucho ser del espíritu de la LOIPN y los principios con los que la institución se fundó.

Proponer algo en este sentido ya es en sí una falta moral siendo miembro de la comunidad del politécnico y en el caso de funcionarios a la promesa de defender al instituto y su normativa que hicieron cuando tomaron posesión de sus respectivos cargos —como funcionarios—.

00:45 – 00:59

La frase “elefante blanco” se utiliza para denominar a algo que tiene un alto costo mantener y que su utilidad es pobre o nula.

Argumentar “la escuela sería un elefante blanco” si esta no se prestara a la renta de sus espacios es simplemente falaz y sin sentido. Sería decir que la escuela cobra valor a partir de la renta de espacios y se deja de lado todas las labores que actualmente se desempeñan.

01:00 – 01:26

Me parece grave que dentro de la comunidad politécnica, especialmente funcionarios o personal docente, se acepte y se conforme con el hecho de que el IPN no dará la capacitación del nivel que —supuestamente— la empresa da.

Esto refleja un desconocimiento de los derechos y sería vergonzoso que en nuestras escuelas no educáramos personas capaces de exigirlos y defenderlos.

01:27 – 01:37

El estado, en este caso el IPN, debe dar la capacitación necesaria a sus docentes para cumplir con la necesidades educativas, ya que es una de sus obligaciones. Si los docentes no reciben la capacitación necesaria entonces es responsabilidad en primer lugar de los docentes exigirla y —quizá— en segundo lugar de los estudiantes solidarizarse con los docentes para exigirla al ser sujetos de perjuicio por los incumplimientos del estado.

Insisto en la gravedad que implica que cualquiera de los miembros de la comunidad politécnica opte por no exigir su derecho a la capacitación necesaria y conformarse con becas de una empresa privada.

02:01 – 02:11

Nuevamente se aprecia esa costumbre por ceder y perder derechos en lugar de exigirlos y protegerlos, lo cual es un ejemplo vergonzoso para nuestros estudiantes, las personas que debemos educar con buenos valores, además de los temas académicos.

03:44 – 04:00

Se argumenta “insuficiencia de becas para estudiantes” para justificar que docentes hagan uso de las becas —de los cursos de la empresa privada—, se capaciten y a su vez transmitan esos conocimientos.

Si tales cursos fueran indispensables en la formación educativa de los estudiantes, entonces se habla de carencias en el plan de estudios actual y lo correcto debería ser: (a) la actualización del plan de estudios que sí considere estas carencias y (b) la capacitación de docentes provista por el estado.

04:01 – 04:15

Nuevamente plantean las becas de estos cursos como una oportunidad que la comunidad no debe dejar pasar, sin embargo, no lo es.

Se argumenta que algunos docentes beneficiarios de las becas pueden tomar los cursos de certificación y estos a su vez podrán transmitir los conocimientos a sus estudiantes, resultando beneficiarios finales estos últimos.

¿Acaso todos los docentes que lo deseen tendrán acceso a los cursos?, ¿los docentes serán certificados? y si así lo fueran, ¿los estudiantes que tomen cursos y aprueben un curso con estos profesores también serán certificados?

Mientras la educación sea selectiva entonces será un acto de discriminación.

04:28 – 04:44

Se argumenta que se realizó una “revisión” para encontrar la forma “más conveniente” de llegar a los estudiantes —en referencia a “hacer llegar los conocimientos”— y basado en esta revisión se concluyó que era mediante los docentes.

Nuevamente, por un lado, se induce la necesidad de que los docentes —seleccionados— deban tomar las becas y por otro lado, no se defiende que los docentes tienen derecho a la capacitación necesaria del estado, simplemente se da por perdido esto.

Es razonable cuestionarse, ¿cuál es la revisión que se argumenta?, ¿por qué no se presentó junto con la propuesta de la renta de espacios?, ¿por qué nadie de los docentes cuestionó si efectivamente era la mejor opción para beneficiar a los estudiantes?, ¿por qué los mismos estudiantes consejeros no cuestionaron si eso los beneficiaba?, ¿la revisión que se argumenta es realmente confiable?

04:45 – 05:31

Nuevamente, si los estudiantes requieren una mejor capacitación académica, la —supuesta— solución no debe de venir de las empresas privadas, sino del estado que está obligado a hacerlo.

06:12 – 06:25

Implementar una “estrategia” de selección de estudiantes beneficiarios de los cursos o becas, es per-se una forma de discriminación.

Cualquier estudiante del IPN tiene el derecho de acceder a la educación provista por el estado.

Conclusiones

La comunidad politécnica nunca debería permitir ningún intento de privatización de los espacios públicos, incluso mediante los eufemismos mañosos como “otorgamiento”. No es lo mismo rentar el espacio para una cafetería que las aulas para delegar la educación, la diferencia radica en que la institución no tiene el objetivo de dar servicio de cafetería, pero si de proveer educación.

Se requieren directivos que exijan el presupuesto necesario para cumplir con las necesidades de la escuela y no que justifiquen o se conformen con las carencias económicas. Se requiere una actualización en los planes de estudios para que la educación de nuestra escuela sea una certificación en sí misma de calidad académica. Se requiere que el estado cumpla con su obligación de capacitar a sus docentes y no que una empresa privada de becas para su negocio de cursos. Se requiere que la educación esté disponible para los estudiantes y no que sólo algunos estudiantes sean beneficiados. Se requieren docentes que exijan la capacitación que por derecho les corresponde y no que justifiquen que el estado no se las otorgará. Se requiere que los docentes enseñemos a los estudiantes a conocer y defender sus derechos, incluso mediante el ejemplo y no enseñar a ser sumisos ante las injusticias. Se requieren estudiantes que defiendan los intereses de los mismo estudiantes y no que guarden silencio. Se requieren consejeros que representen a sus respectivos sectores y no que sean insensibles a las necesidades y lejanos a quienes representan.

Y finalmente, la actuación de los miembros del CTCE me parece vergonzosa, abyecta y pusilánime, al no dar mayor importancia a la única voz que criticó la propuesta de renta de aulas, incluso cuando realizó señalamientos que no fueron debidamente contestados por los impulsores de la propuesta o en algunos casos fueron ignorados. Los miembros del CTCE dieron un debate corto y poco crítico de la propuesta, acto seguido se “dio carpetazo” y se aprobó la propuesta con muchas interrogantes sin haber sido aclaradas debidamente.

Fuentes y referencias

[1]: Página del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/conocenos/ctce.php

[2]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 1)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_1.mp3

[3]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 2)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_2.mp3

La falacia gubernamental “la ley se cumple”

Tuvieron que pasar numerosas movilizaciones civiles, muchas de ellas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) aceptara a dialogar con los representantes de la CNTE pero imponiendo condiciones. Sin embargo, el gobierno mantiene una actitud cerrada e intransigente argumentando que la ley se debe cumplir, de hecho, para sentarse a dialogar impuso la condición de no tratar temas de la reforma educativa.

Imposición de una ley injusta

Si partimos del hecho de que una ley puede ser injusta, entonces es muy fácil entender que esa ley debe ser cambiada. Esto precisamente es lo que ocurre con la reforma educativa.

El gobierno de EPN ha difundido a través de su aparato de propaganda una buena imagen de la reforma educativa —así como todas las demás reformas que su gobierno ha impulsado/impuesto— y que es para beneficio de la sociedad mexicana. Sin embargo, ninguna ley puede ser de beneficio cuando tienen como consecuencia la pérdida de derechos de la clase trabajadora y que como consecuencia deja a los trabajadores en una situación de inestabilidad laboral.

La reforma educativa no tiene absolutamente nada de “educativa”, no aporta modificaciones o mejoras en temas educativoslo que sí realiza es cambiar las condiciones laborales de los profesores. Cualquiera puede entender que esto se le llama “laboral” y no “educativo”. Obviamente, este no es un error simple, de hecho es una estrategia premeditada para evitar manejar con claridad los temas.

La reforma educativa somete a los trabajadores a una situación de evaluación perversa. Los pone frente a una evaluación en donde quien acepte evaluarse puede conservar su empleo pero con otro esquema de contratación más desventajoso que el que tenía, y quién no se evalúe, simplemente pierde su empleo. Luego, quien sí se evaluó, está obligado a evaluarse periódicamente y nada evita que cualquier día pueda perder su empleo.

En otras palabras, el derecho de la “plaza de base”, el cual ofrece la estabilidad laboral, deja de existir. En México este derecho no existe en la iniciativa privada, incluso cuando cualquier trabajador lógicamente desearía poder gozar de este beneficio.

Por lo tanto, si la reforma educativa no aporta beneficios en materia educativa y si disminuye derechos laborales entonces ¿cómo puede ser benéfica una ley así?, es absolutamente contradictoria y absurda.

La ley no es inalterable

El gobierno de EPN, a través del encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, ha impuesto como condición para dialogar con los representantes de la CNTE que no se trate ningún tema relacionado con la reforma educativa.

Si se considera que la reforma educativa es una causa de las manifestaciones, entonces resulta absurdo imponer que no se discuta el objeto de controversia.

Una buena práctica que una sociedad —que se dice— democrática debería cumplir es la apertura al diálogo y a la crítica. En contraste, la condición que el gobierno impone para dialogar cierra toda posibilidad a discutir si la ley es injusta o no, si es perjudicial o no, etc., y se opta por la intolerancia a la crítica.

Las leyes son entes dinámicos y que por lo tanto están sujetos a cambios, si la ley no es útil para la sociedad, entonces existe la posibilidad de cambiarla y la obligación y responsabilidad de cambiar la ley radica en el Poder Legislativo. Con lo anterior, surge la crítica natural pero reiterada: ¿dónde están los legisladores que deberían representar a todo ese sector de la población que se opone a la ley injusta?, quizá deberíamos preocuparnos más por madurar nuestra democracia.

La ley fue aprobada en un proceso cuestionable

La reforma educativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y por lo tanto tiene completa validez legal, sin embargo, lo que no se dice con frecuencia y que se olvida pronto, es que a pesar de que gran parte de la sociedad se manifestó en contra de todas las reformas, los legisladores las aprobaron casi sin discusión.

Esto indudablemente debería alarmarnos más el problema de representatividad que la sociedad mexicana tiene y que es realmente grave comparado con las dificultades para aplicar esta ley injusta.

Las reformas fueron aprobadas en el marco de una alianza política llamado “Pacto por México” y fue ampliamente documentado que los legisladores aprobaron iniciativas sin un proceso previo de crítica ni debate y —mucho menos— de consulta ciudadana.

Las reformas fueron aprobadas incluso cuando enormes manifestaciones civiles y pacíficas se realizaron y recorrieron los recintos legislativos en espera de que los legisladores cumplieran con su deber democrático de representar a la sociedad.

Por lo tanto, ¿qué validez puede tener una ley que fue tan repudiada por la sociedad?, ¿en dónde está nuestro estado democrático y qué tan buenos representantes son los legisladores?, ¿por qué abundan las políticas que amplían las desigualdades y no las políticas de bienestar social?

La ley se cumple cuando se quiere

Aurelio Nuño declaró “la ley no se discute, se cumple”. El gobierno se muestra como un observador y defensor férreo de la ley, pero siempre con plena discrecionalidad y conveniencia.

Si la ley no se discute y se cumple, entonces

  • ¿Por qué no se cumple el artículo 25° de la Ley General de Educación que dice que se debe destinar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a gasto en educación y al menos el 1% del PIB a investigación científica?,
  • ¿Por qué no se cumple el artículo 5° de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que dice que la educación que imparta el IPN debe ser gratuita?

y así nos podemos cuestionar tantos casos donde el gobierno no se presenta como defensor de la ley, sino como vergudo de la misma.

La policía como fuerza represora

Podríamos remontarnos a las teorías del origen del estado y analizar cómo las personas hemos delegado la responsabilidad de la seguridad comunal al estado, sin embargo, en nuestros días, los cuerpos policiacos o las policías en teoría tienen el objetivo de preservar la seguridad pública y actual de manera preventiva o correctiva ante contingencias que atenten contra el bienestar de la comunidad, buscando siempre su seguridad e integridad.

En México, no es la excepción, sin embargo, el contraste surge cuando se compara la teoría con la práctica. En la práctica la policía suele ser usada como cuerpo de control y protección al servicio del estado, no de la comunidad.

Es común ver abundantes recursos policiacos destinados para velar por la protección de edificios gubernamentales y empresariales, burócratas de altos nivel, etc.,  pero por otro lado ver raquíticos y hasta nulos recursos en la protección de la comunidad. Mientras se destinan millares de policías para contener manifestaciones pacíficas, suele destinarse sólo  algunas unidades para la vigilancia de los barrios y colonias.

Otro ejemplo es la policía de tránsito. Mientras se destinan cientos de policías de tránsito para contener manifestaciones, no se destinan policías para controlar efectivamente el tránsito de la ciudad en puntos de conflictos vial. Existen muchos policías en automóviles o motocicleta, acechando a conductores en lugares poco visibles en espera de alguno a quien se le pueda detener, aplicar todo el peso de la ley o dejando abierta la posibilidad de beneficiarse del soborno, pero no existen policías que al cometer una falta brinden asesoría para que el conductor evite cometerla de nuevo.

Salvo excepciones que son tan honrosas como escasas, la mayoría carece de criterio propio y —mucho menos— humanístico, se les adiestra para obedecer incluso si la orden en cuestión es inmoral bajo un sentido común.

También hay que mencionarlo, se les trata como esclavos de sus superiores, donde estos pueden intimidarlos y acosarlos de muchas maneras, quizá la más común y la menos violenta: el arresto. Si son tratados como autómatas desechables, entonces esperar que esas personas actúen humanísticamente con la sociedad resulta difícil, por la simple regla de la cadena de la violencia: el maltratado maltratará al siguiente más débil que él.

Los policías comúnmente no tienen instrucción de la normatividad que —en teoría— deben defender y hacer respetar. Cómo es que esperamos que se conduzcan observando los derechos humanos y la normatividad aplicable, si no la conocen.

Como todo lo anterior, existen muchos problemas más. Da la impresión de que la intención siempre ha sido, es y será —por mucho tiempo— que la policía actúe como un cuerpo represor del estado y no como un cuerpo protector de la sociedad.

Nota al pie

Los miembros de la policía que participaron en el cerco realizado a la manifestación de ayer, viernes 17 de junio de 2016, pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y ésta a su vez al Gobierno de la Ciudad de México. Los titulares y responsables de éstas son Hiram Almeida Estrada [3] y Miguel Ángel Mancera Espinosa [2].

Dicha manifestación fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y se le sumaron numerosos y diversos grupos de estudiantes, docentes, público en general, etc.

Fuentes y referencias

[1]: Maestros de la CNTE marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México (Foto de Jair Cabrera)
La Jornada
URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/18/intelectuales-critican-la-201cbrutal-represion201d-contra-los-maestros/cnte.jpg

[2]: Miguel Ángel Mancera
Wikipedia
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Mancera

[3]: Hiram Almeida Estrada
Wikipedia
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Hiram_Almeida_Estrada

Justicia mexicana selectiva: la detención de líderes de la CNTE

El pasado domingo 12 de junio de 2016, alrededor de la 01:00, el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginés, fue detenido en Ecatepec, Estado de México. Las autoridades han declarado que dicha detención, realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), está motivada por la imputación del delito de lavado de dinero.

Independientemente de si Rubén Núñez es efectivamente culpable o no del delito que se le imputa, resulta extraordinario y hasta cuestionable el proceder de las autoridades.

Justicia selectiva

Preguntas básicas son: ¿Por qué Rubén Núñez?, ¿por qué no otros más evidentes? Resulta cuestionable el actuar tan eficiente de las autoridades contra líderes de la CNTE que se encuentran en manifestaciones contra políticas de estado y por otro lado, un actuar lento y hasta desinteresado con casos otro casos [4] como:

  • Los supuestos casos de corrupción y mal manejo de recursos públicos del gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.
  • Los supuestos casos de corrupción de la empresa OHL.
  • La adquisición cuestionada de las “Casas Blancas” por el actual presidente  de México, Enrique Peña Nieto (EPN) y su secretario de hacienda Luis Videgaray Caso, ambos priístas.
  • Los proyectos del gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, con el empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
  • El supuesto lavado de dinero y corrupción del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
  • El gobernador priísta de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
  • Los supuestos lavados de dinero de Luis Téllez Kuenzler.

Y una larga lista de casos documentados tanto dentro como fuera del país. ¿Cómo es que otros líderes sindicales que no están en oposición a las políticas del gobierno en turno no son investigados en sus procederes?, como el caso de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), además de haber sido Senador priísta e impulsor de las reformas propuestas por EPN, las cuales —cabe destacar— han llevado a la empresa PEMEX a una situación más desventajosa y casi a su ruina [5].

Procedimiento de detención

La detención se dio durante el traslado a casa de uno de sus familiares al término de una reunión en las instalaciones de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el centro histórico de la Ciudad de México.

Según testimonios de profesores, tres camionetas blancas de doble cabina le cerraron el paso al vehículo donde Rubén Núñez se transportaba y de ellas, descendieron personas que no se identificaron. Con violencia bajaron al conductor del vehículo, golpearon a un acompañante, inspeccionaron sus pertenencias, fue interrogado, etc. Todos estos actos que son violaciones incuestionables de garantías individuales.

Si los hechos narrados por testimonios fueran ciertos, entonces el procedimiento de detención sería completamente ilegal, lo cual tendría como consecuencia que el caso pudiera tener debilidades de origen. Incluso las autoridades deberían ser las primeras en investigar el procedimiento de detención y con ello violaciones a los derechos de Rubén Núñez.

El aislamiento

Se traslada a Rubén Núñez hasta el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en la Hermosillo, Sonora. Resulta imposible cuestionarse ¿acaso, no hay Ceferesos más cercanos?, ¿acaso un recluso más no cabe en el Cefereso 1, “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México?

El proceder bien puede parecer un acto de aislamiento del líder sindical. Si las protestas actualmente se realizan en el centro y en el sur del país, ¿Quiénes de sus compañeros y simpatizantes podrían manifestarse hasta el norte del país?, el traslado de Rubén Núñez hasta el norte hace impráctico e inviable el apoyo hacia él y las manifestaciones en contra de su detención.

Fuentes y referencias

[1]: Detienen a Rubén Núñez, uno de los líderes de la CNTE
La Jornada
URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/12/detienen-a-ruben-nunez-maximo-dirigente-de-la-cnte

[2]: Detienen a Rubén Núñez, líder de la Sección 22 del SNTE
Excésior
URL: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/12/1098234

[3]: El líder de la CNTE Rubén Núñez fue detenido por lavado de dinero: PGR
URL: http://www.animalpolitico.com/2016/06/detienen-a-ruben-nunez-lider-de-la-cnte-los-maestros-denuncian-desaparicion-forzada/

[4]: 10 casos de corrupción muy, pero muy cercanos al poder político
Sin Embargo
URL: http://www.sinembargo.mx/12-11-2015/1548005

[5]: La Reforma se diseñó para matar Pemex y repartirla entre privados: analistas
Sin Embargo.mx
URL: http://www.sinembargo.mx/31-05-2016/1666512

[6]: Las empresas fantasma de Veracruz, Video
Animal Político
URL: https://vimeo.com/169119490

[7]: Las empresas fantasma en Veracruz: así desapareció el gobierno 645 mdp
Animal Político
URL: http://www.animalpolitico.com/2016/06/las-empresas-fantasma-en-veracruz-asi-desaparecio-el-gobierno-645-mdp/

Broma del día: Jefe de policía reconoce periodistas y reprime fotoperiodistas

Consecuencias laborales si el IPN fuera autónomo

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con el artículo 2º de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN) [1]. Al ser dependiente de la administración federal, las relaciones laborales entre el IPN y sus trabajadores están reguladas por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Si el IPN se convirtiera en un organismo autónomo tendría como consecuencia inmediata que las relaciones laborales de los trabajadores del IPN dejen de ser regidas por el apartado B del artículo 123 de la CPEUM [2] y pasen a regirse por el apartado A de este mismo artículo. El sustento esto está en la fracción VII del artículo 3º de la CPEUM el cual habla de las universidades e instituciones de educación superior autónomas y establece que las relaciones laborales se regirán por el apartado A.

El artículo 123 de la CPEUM considera dos grupos de trabajadores y los divide en los apartados A y B. El apartado A está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo [3] y el apartado B está reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) [4].

El artículo 4º de la LFTSE clasifica en dos grupos a los trabajadores: los de confianza y los de base. El artículo 6º de la LFTSE especifica los trabajadores de base, mientras que el 5º especifica los trabajadores de confianza.

En este mismo artículo 6º de la LFTSE, les da a estos la característica de “inamovibles” hasta después de 6 meses y un día de trabajo sin nota desfavorable. Esto le da a los trabajadores una estabilidad laboral.

Además, el artículo 10º de la LFTSE establece que no se puede renunciar a los derechos que esta ley otorga. Lo que implica que protege al trabajador evitando que por algún acto voluntario o forzado este opte por renunciar a derechos.

Las consecuencias inmediatas de que el IPN sea un instituto autónomo es la pérdida de los derechos que el apartado B y toda la normativa que se derive les otorga, particularmente la cualidad de “inamovibles” y por ende la estabilidad laboral de los trabajadores del IPN se pierde.

Es importante aclarar que el hecho de que los trabajadores se consideren inamovibles, no implica que no pueden ser retirados de sus cargos, sin embargo se deben seguir procedimientos para el cese de un trabajador.

El artículo 46º de la LFTSE protege al trabajador del cese de su trabajo si no hay una causa justa y ahí mismo prevé causales, adicionalmente se contemplan algunas más en el artículo 46º Bis.

En conclusión, la autonomía en IPN sería completamente perjudicial —al menos— en materia de derechos laborales.

Fuentes y Referencias

[1]: Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/171.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[2]: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[3]: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.

[4]: Ley Federal del Trabajo
Url: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
Última visita: miércoles 27 de abril de 2015, 23:00 horas.