A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

Este lunes 26 de septiembre de 2016 se cumplen dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, también son dos años de impunidad contra los responsables involucrados en este caso y de una deuda de justicia para las familias y para la sociedad mexicana.

Este caso ha evidenciado la complicidad entre autoridades municipales, estatales y federales, así como al ejército mexicano, para no hacer una investigación que resulte en una explicación confiable de los hechos.

Se ha evidenciado que los mecanismos de investigación del estado no cumplen los estándares internacionales y parecen tener un bloqueo cuando actores políticos están involucrados, probablemente obedeciendo a un pacto de impunidad.

Se han señalado numerosas irregularidades en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Muchas de las irregularidades no fueron subsanadas, ni justificadas por el titular de la PGR en ese momento, José Murillo Karam, por el contrario, se han optado por desacreditarlas.

Se acudió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para tener una investigación alterna a la que realizaba la PGR. Este grupo trabajó en medio de presiones y obstáculos gubernamentales, en lugar de un ambiente de libertad y transparencia. Este grupo se vio presionado a finalizar sus trabajos y salió del país, mientras en la reunión para exponer en su segundo —y último— informe de actividades, el auditorio y la sociedad mexicana pedía que no se retirara.

Se ha expuesto que así como el caso de Ayotzinapa, existe una gran cantidad de casos de desapariciones que han ocurrido y no han tenido la atención pública, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades.

Se tiene otra muestra más de la poca confianza que la sociedad mexicana tiene en las instituciones de impartición de justicia, de investigación y de seguridad, por deficiencias en el ejercicio de sus funciones.

A dos años de la desaparición de estos mexicanos y en memoria de ellos y todos los que sus casos no han visto la luz pública, debemos recordar que sólo podemos aspirar a un mejor México, cuando tengamos una sociedad más unida, más exigente, más crítica y mejor educada.

Fuentes y referencias

[1]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Video)
URL: https://youtu.be/q01SgCzbdyI?t=50m

[2]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Documento)
URL: https://drive.google.com/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view

[3]: Página web oficial del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes
URL: http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa

Comentarios

Comentarios sobre la aprobación de renta de aulas en ESCOM

He aquí mis comentarios del contenido de la grabación de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE) de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) realizada el día 20 de septiembre de 2016, donde se presentó y aprobó la propuesta de renta de aulas en la ESCOM.

La grabación de esta sesión se publicó en la página web oficial de la ESCOM [1] y está dividida en dos partes [2] [3]. Cada uno de mis comentarios tiene referencia a un rango de las ideas vertidas en la grabación, de modo que recomiendo al lector escuchar los audios y leer los comentarios en conjunto.

Audio 1

02:20 – 02:56

Lo correcto de parte de los funcionarios públicos es citar con precisión la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones, lo que dista mucho de “…reglamento que hemos trabajado…”.

Dentro de la presentación de la propuesta, se cita un convenio con el IPN, mismo que no se detalla, ni se presenta —por lo que en el audio se puede suponer— a los miembros del CTCE para su consulta.

02:58 – 03:41

Se argumenta que no se puede tener el contrato sin antes tener un convenio previo, ya que se tiene el convenio entonces se puede tener un contrato y para ello se requiere la aprobación del CTCE.

¿Cómo es que los miembros del CTCE votarían una propuesta de la que no tienen mayor información que la que oralmente se expone, sin tener certeza de la legalidad de la propuesta, pero más importante, sin tener certeza de la moralidad y la conveniencia para la comunidad?

Da la impresión que el proyecto de renta ya está premeditado e impulsado y sólo se requiere que el CTCE lo apruebe, al estilo de “una firma de un papel en blanco” avalando decisiones externas.

06:45 – 07:10

En la minuta no apareció escrito, a petición del profesor Ricardo Ceballos que replicó la propuesta, que “el instituto está para prestar servicios educativos y no para estarse subcontratando… ¡yo me opongo a esto!”. El pronunciamiento del profesor no fue plasmado como lo solicitó.

07:54 – 08:29

Se argumentó que “el curso está pensado para impartirse en sábado, no impactando la actividad académica ordinaria”.

Argumentar esto implica la incomprensión de la actividad principal del IPN y que el profesor Ceballos mencionó en su participación anterior, es decir, “el instituto no está para estarse subcontratando”.

08:30 – 0847

Se argumenta que se ha considerado el beneficio que la escuela puede tener, siendo económico o no, así como el que los estudiantes y docentes también puedan tener. Esto sin detallar “esos beneficios”, queda claro el beneficio económico a la escuela mediante el monto de la renta, pero el argumento es débil en su exposición si no se dan detalles.

Se argumenta “no es una subcontratación”, pero es una renta de un espacio público a una empresa privada donde su actividad lucrativa es la educación, lo cual no está explícito dentro de las finalidades del IPN como lo indica el artículo 3º, ni en las atribuciones del IPN como lo indica el artículo 4º y por el contrario, va en contra del espíritu del artículo 5º que busca la educación gratuita en el IPN. Todos estos artículos de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN).

Este es otro ejemplo del desconocimiento de las autoridades de la normativa básica del IPN y los principios con los que se redacta.

09:20 – 09:23

Se argumenta que “da la posibilidad de que el estudiante —se puede suponer que con la capacitación de estos cursos— tenga la oportunidad de ‘llevar’ un posgrado”.

Personalmente no conozco un solo programa de posgrado que tenga entre sus requisitos alguna certificación o —particularmente— algún curso de la empresa involucrada en la discusión.

10:40 – 11:10

Se argumenta que “se ofertó a toda la planta docente, sobre todo a los departamentos que imparten esas áreas”.

Personalmente, nunca fui notificado ni tuve conocimiento de la oferta de las becas. Si bien no imparto las materias de las que se hace referencia, dada mi formación académica si tengo la capacidad de impartirla —en el. supuesto de que fuera de mi interés—. Considerando lo anterior la medida NO es incluyente por parte de las autoridades.

15:55 – 16:35

Se argumenta que —los conocimiento— “no están relacionados” haciendo referencia a los que se imparten en los cursos y los que se imparten en el plan de estudios. Lo cual fue el argumento de presentación de la propuesta. También cita el ejemplo de “programación” donde “no se tiene señalado con qué lenguaje de programación se va a enseñar” y en los diplomados se enseña java, además que “el profesor por fuerza tenga que enseñar java”.

El argumento es falaz si se considera que dentro del plan de estudios si se enseña java y se usa como lenguaje de uso en varias materias. Por otro lado, suponiendo que no se enseñara y los docentes no estuvieran obligados a enseñarlo, el problema está en el plan de estudios. Este problema no se resuelve con cursos externos.

Audio 2

00:07 – 00:31

Si los estudiantes requieren conocimientos que nuestra escuela, la ESCOM, no imparte, entonces lo correcto es actualizar el plan de estudios que contempla los conocimientos mínimos requeridos y que no están en el actual plan, de otro modo, la labor educativa de la ESCOM está siendo mediocre.

00:33 – 00:45

Me parece grave que no se entienda que el problema no es si la escuela está ocupada o no, sino que la renta de aulas es una forma de privatización del espacio público y esto dista mucho ser del espíritu de la LOIPN y los principios con los que la institución se fundó.

Proponer algo en este sentido ya es en sí una falta moral siendo miembro de la comunidad del politécnico y en el caso de funcionarios a la promesa de defender al instituto y su normativa que hicieron cuando tomaron posesión de sus respectivos cargos —como funcionarios—.

00:45 – 00:59

La frase “elefante blanco” se utiliza para denominar a algo que tiene un alto costo mantener y que su utilidad es pobre o nula.

Argumentar “la escuela sería un elefante blanco” si esta no se prestara a la renta de sus espacios es simplemente falaz y sin sentido. Sería decir que la escuela cobra valor a partir de la renta de espacios y se deja de lado todas las labores que actualmente se desempeñan.

01:00 – 01:26

Me parece grave que dentro de la comunidad politécnica, especialmente funcionarios o personal docente, se acepte y se conforme con el hecho de que el IPN no dará la capacitación del nivel que —supuestamente— la empresa da.

Esto refleja un desconocimiento de los derechos y sería vergonzoso que en nuestras escuelas no educáramos personas capaces de exigirlos y defenderlos.

01:27 – 01:37

El estado, en este caso el IPN, debe dar la capacitación necesaria a sus docentes para cumplir con la necesidades educativas, ya que es una de sus obligaciones. Si los docentes no reciben la capacitación necesaria entonces es responsabilidad en primer lugar de los docentes exigirla y —quizá— en segundo lugar de los estudiantes solidarizarse con los docentes para exigirla al ser sujetos de perjuicio por los incumplimientos del estado.

Insisto en la gravedad que implica que cualquiera de los miembros de la comunidad politécnica opte por no exigir su derecho a la capacitación necesaria y conformarse con becas de una empresa privada.

02:01 – 02:11

Nuevamente se aprecia esa costumbre por ceder y perder derechos en lugar de exigirlos y protegerlos, lo cual es un ejemplo vergonzoso para nuestros estudiantes, las personas que debemos educar con buenos valores, además de los temas académicos.

03:44 – 04:00

Se argumenta “insuficiencia de becas para estudiantes” para justificar que docentes hagan uso de las becas —de los cursos de la empresa privada—, se capaciten y a su vez transmitan esos conocimientos.

Si tales cursos fueran indispensables en la formación educativa de los estudiantes, entonces se habla de carencias en el plan de estudios actual y lo correcto debería ser: (a) la actualización del plan de estudios que sí considere estas carencias y (b) la capacitación de docentes provista por el estado.

04:01 – 04:15

Nuevamente plantean las becas de estos cursos como una oportunidad que la comunidad no debe dejar pasar, sin embargo, no lo es.

Se argumenta que algunos docentes beneficiarios de las becas pueden tomar los cursos de certificación y estos a su vez podrán transmitir los conocimientos a sus estudiantes, resultando beneficiarios finales estos últimos.

¿Acaso todos los docentes que lo deseen tendrán acceso a los cursos?, ¿los docentes serán certificados? y si así lo fueran, ¿los estudiantes que tomen cursos y aprueben un curso con estos profesores también serán certificados?

Mientras la educación sea selectiva entonces será un acto de discriminación.

04:28 – 04:44

Se argumenta que se realizó una “revisión” para encontrar la forma “más conveniente” de llegar a los estudiantes —en referencia a “hacer llegar los conocimientos”— y basado en esta revisión se concluyó que era mediante los docentes.

Nuevamente, por un lado, se induce la necesidad de que los docentes —seleccionados— deban tomar las becas y por otro lado, no se defiende que los docentes tienen derecho a la capacitación necesaria del estado, simplemente se da por perdido esto.

Es razonable cuestionarse, ¿cuál es la revisión que se argumenta?, ¿por qué no se presentó junto con la propuesta de la renta de espacios?, ¿por qué nadie de los docentes cuestionó si efectivamente era la mejor opción para beneficiar a los estudiantes?, ¿por qué los mismos estudiantes consejeros no cuestionaron si eso los beneficiaba?, ¿la revisión que se argumenta es realmente confiable?

04:45 – 05:31

Nuevamente, si los estudiantes requieren una mejor capacitación académica, la —supuesta— solución no debe de venir de las empresas privadas, sino del estado que está obligado a hacerlo.

06:12 – 06:25

Implementar una “estrategia” de selección de estudiantes beneficiarios de los cursos o becas, es per-se una forma de discriminación.

Cualquier estudiante del IPN tiene el derecho de acceder a la educación provista por el estado.

Conclusiones

La comunidad politécnica nunca debería permitir ningún intento de privatización de los espacios públicos, incluso mediante los eufemismos mañosos como “otorgamiento”. No es lo mismo rentar el espacio para una cafetería que las aulas para delegar la educación, la diferencia radica en que la institución no tiene el objetivo de dar servicio de cafetería, pero si de proveer educación.

Se requieren directivos que exijan el presupuesto necesario para cumplir con las necesidades de la escuela y no que justifiquen o se conformen con las carencias económicas. Se requiere una actualización en los planes de estudios para que la educación de nuestra escuela sea una certificación en sí misma de calidad académica. Se requiere que el estado cumpla con su obligación de capacitar a sus docentes y no que una empresa privada de becas para su negocio de cursos. Se requiere que la educación esté disponible para los estudiantes y no que sólo algunos estudiantes sean beneficiados. Se requieren docentes que exijan la capacitación que por derecho les corresponde y no que justifiquen que el estado no se las otorgará. Se requiere que los docentes enseñemos a los estudiantes a conocer y defender sus derechos, incluso mediante el ejemplo y no enseñar a ser sumisos ante las injusticias. Se requieren estudiantes que defiendan los intereses de los mismo estudiantes y no que guarden silencio. Se requieren consejeros que representen a sus respectivos sectores y no que sean insensibles a las necesidades y lejanos a quienes representan.

Y finalmente, la actuación de los miembros del CTCE me parece vergonzosa, abyecta y pusilánime, al no dar mayor importancia a la única voz que criticó la propuesta de renta de aulas, incluso cuando realizó señalamientos que no fueron debidamente contestados por los impulsores de la propuesta o en algunos casos fueron ignorados. Los miembros del CTCE dieron un debate corto y poco crítico de la propuesta, acto seguido se “dio carpetazo” y se aprobó la propuesta con muchas interrogantes sin haber sido aclaradas debidamente.

Fuentes y referencias

[1]: Página del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/conocenos/ctce.php

[2]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 1)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_1.mp3

[3]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 2)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_2.mp3

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La doctrina “Muera el rey, viva el rey” y la adulación

Al igual que en la antigüedad, mientras el rey estaba vivo, se le servía, se le atendía, se le veneraba y nunca se le cuestionaba. Al momento de su muerte, todo mundo le lloraba, se le reconocía desmesuradamente con adulaciones sobre lo ejemplar que fue su vida y se procedía a nombrar al siguiente rey. En ese instante, el antiguo pedazo de carne dejaba su importancia y con ello sus privilegios y toda la atención la adquiría el nuevo rey. “Muera el rey, viva el rey” se decía y con tal banalidad se cambiaba el sujeto de adulación.

Muchas naciones han dejado la monarquía por la democracia y en una democracia desarrollada se busca la elección del líder más apto mediante ejercicios críticos, incluso en algunas monarquías modernas, el ejercicio de la crítica a los servidores públicos es férrea. Una democracia desarrollada tiene como base la rendición de cuentas de los servidores públicos y el cuestionamiento a sus actos de gobierno, y con ello tiene una característica que la hace efectivamente una democracia desarrollada: la participación social.

Siempre he mencionado que nuestra escuela —o incluso nuestro instituto— es una muestra representativa de nuestro país como seguramente debe haber otras similares. De ahí que no se puede tener un mejor país, mejores políticos, un mejor congreso, una mejor sociedad si no podemos tener un mejor líder, un mejor consejo técnico, una mejor comunidad. Cambiar un país quizá está fuera de nuestro alcance, pero cambiar una escuela sí lo podría estar si la voluntad existiese y la organización se diera. Este principio de cambiar lo menos para impactar en lo más ha sido citado por muchas personalidades famosas/exitosas de nuestros tiempos.

Luego de la renuncia del director, la comunidad —de manera general— se volcó a la adulación y reverencia, felicitando al exdirector por sus logros en ese cargo, así como por su cargo de mayor jerarquía, pero y ¿la crítica?, ese ejercicio que permite la mejora de servidores públicos mediante la retroalimentación y a la comunidad servida para una elección posterior más inteligente, ¿dónde quedó?, simplemente fue nula.

Se puede entender, aunque no por ello deje de ser reprobable, que de parte del personal administrativo en cargos “de confianza” se dé este comportamiento sumiso y adulador, ya que su independencia se ha perdido en aras de “complacer al jefe” y estar siempre en sus ojos y ser considerado para ascender en la jerarquía burocrática. Recordemos que en nuestro país los servidores públicos no suelen ser designados por las aptitudes y resultados, sino por la reverencia y el servilismo. Tal ha sido una de las prácticas más dañinas que han existido y nuestra historia del siglo XX ofrece un sin número de casos.

De donde no se puede entender es de dos sectores de la comunidad: los académicos y los estudiantes.

En principio los académicos están —o deberían estar— regidos por la crítica y de ahí parte la búsqueda de mayores conocimientos y por otro lado, en estos días, en nuestro país se vive una situación política en donde se han realizado muchos y muy diversos atentados contra el sector de docentes y esto precisamente debería ser razón suficiente para apostar por la crítica y la rendición de cuentas de lo servidores públicos.

Finalmente los estudiantes son el sector más independiente, ya que no está sujeto a condiciones laborales que puedan ser vulneradas y con ello tiene cierta inmunidad a los actos de gobierno. Por otro lado, estos son a quienes finalmente se les debe servir, ellos son la materia prima que requieren las universidades para transformarlos en personas productivas para nuestra sociedad, pero entre los estudiantes también escasea el espíritu crítico.

¿Es acaso estos valores antidemocráticos, este servilismo, esta falta de crítica, esta falta de participación de la comunidad en la vida administrativa y política de la escuela, esta sumisión, etc., es lo que deseamos como institución educativa inculcar entre los más jóvenes que serán —si no es que ya lo son— ciudadanos partícipes de la vida política nuestro país?, ¿acaso queremos promocionar esa práctica donde las personas viven del servicio público cambiando de cargo en cargo sin terminar el periodo por el cual adquirieron el compromiso y así perpetuándose?

¿Acaso han habido ejercicios en donde se evalúe su desempeño como servidor público al frente de una escuela?, ¿acaso su administración marcó un parteaguas en la escuela, para ser un mejor lugar para los estudiantes, un mejor lugar para los trabajadores y un mejor lugar para el público en general?, solo en el caso de que así fuese, resultaría meritorio que un servidor público se le reconozca su servicio y hasta que se le designase en un cargo de mayor jerarquía, mismo que le permita servir mejor a la sociedad e impactarla de mejor manera, pero ¿acaso este es el caso?

No se trata de una persona, se trata de algo más importante que una persona, se trata los valores que una institución educativa quiere inculcar mediante el ejemplo en los jóvenes. Se trata de construir una mejor sociedad.

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Carta a una madre en duelo

Madre en luto,

Hace unos días se publicó la noticia de que un torero había sido corneado y como consecuencia de eso perdió la vida. Poco tiempo después algunas personas opositoras de la tauromaquia se manifestaron satirizando el evento tomando los argumentos que los promotores de la tauromaquia utilizan. En respuesta, estos últimos han solicitado a las autoridades de España realizar acciones para “castigar” estas expresiones que encuentran como ofensivas.

Seguramente nunca podrá ser consciente de mi sentir que expreso por este medio, se que vive su luto junto con su familia, incluso como todas aquellas que han pasado por momento similares.

Le quiero expresar mi respeto, todo empezó quizá cuando su hijo fue encaminado a esa práctica, que muchos suelen llamar “arte” —aunque no lo comparto—, sin embargo, lo importante es que su dolor debe ser respetado.

Espero que tras estos eventos tanto usted como su familia sean respetadas y dejen de ser afectadas por estas prácticas tan crueles.

Mis condolencias a usted madre de Lorenzo, su hijo murió con dignidad defendiéndose de un asesino llamado Víctor Barrio. Ruego porque su familia no sea asesinada por la hazaña de su hijo como acto de venganza como se rumora dictan las tradiciones [1][2].

P.D. Ojalá pronto los humanos respetemos más a los seres que no son de nuestra especie, personalmente contribuyo desde mi trinchera a que eso ocurra —al menos en mi país—.

Fuentes y referencias

[1]: Cuando un toro mata a un torero se sacrifica a toda su familia
TeleSur
URL: http://www.telesurtv.net/news/Como-castigan-al-toro-que-mata-al-torero-20160711-0048.html

[2]: La Guardia Civil investiga ya los tuits que se burlaban de la muerte del torero Víctor Barrio
RT
URL: https://actualidad.rt.com/actualidad/212938-madre-espana-toro-corrida

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Radicalización de las luchas como consecuencia de la ausencia de instituciones

Este miércoles, 29 de junio, se publicó una nota que contenía la foto de dos supuestos policías federales arrodillados, exhibiendo una manta y sometidos por miembros de la CNTE. A lo anterior se dió una reacción de reprobación por parte de muchos medios de comunicación, con ello la reprobación se propagó en las redes sociales. Por un lado, la sociedad es civil encabezada por los medios osa juzgar demanera rapida y denigrante los actos civiles, pero es misma rapidez y severidad no se presenta cuando los atropellos vienen de actos de gobierno.

Los métodos de presión por parte del gobierno se han radicalizado y en consecuencia los métodos de presión por parte de la CNTE también se han radicalizado.

Orígenes de la radicalización

Con frecuencia se emiten juicios con poca memoria histórica y eso precisamente es lo que evita que se tenga el contexto adecuado para juzgar y como consecuencia los juicios son mayormente injusto o al menos infundados, además de que no permite ver las causas reales de los sucesos.

Muchos habitantes de la ciudades principales, como es el caso de la Ciudad de México (CDMX) se molestan porque personas de otras entidades —y en ocasiones hasta lugareños— optan por la manifestación y con esta se transgreden derechos de terceros. Luego, estos habitantes apelan al principio “los derechos terminan cuando los derechos de terceros comienzan”, el cual tiene el objetivo de mantener una línea de respeto y convivencia social, sin embargo su aplicación generalmente implícita la falta solidaridad con un sector vulnerado, ubicándolo en una situación doblemente vulnerable.

Los manifestantes —y más cuando estos son foreños del lugar de manifestación— son personas que en un primer momento, fueron sujetos de violación de derechos o una situación de injusticia, en un segundo momento fueron ignorados por las instituciones locales y como consecuencia de esta ausencia de solución institucional, en un tercer tiempo son sujetos de desprecios y vejaciones de la población a donde se tienen que ir a manifestar.

Policías
http://www.noticiasmvs.com/#!/videos/quemenlos-matelos-pedian-integrantes-de-la-cnte-cuando-nos-retuvieron-elemento-de-la-pf-408

Hablar del PAN
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/si-la-cnte-insiste-en-bloquear-carreteras-se-debe-utilizar-la-fuerza-publica-pan-666

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La falacia gubernamental “la ley se cumple”

Tuvieron que pasar numerosas movilizaciones civiles, muchas de ellas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) aceptara a dialogar con los representantes de la CNTE pero imponiendo condiciones. Sin embargo, el gobierno mantiene una actitud cerrada e intransigente argumentando que la ley se debe cumplir, de hecho, para sentarse a dialogar impuso la condición de no tratar temas de la reforma educativa.

Imposición de una ley injusta

Si partimos del hecho de que una ley puede ser injusta, entonces es muy fácil entender que esa ley debe ser cambiada. Esto precisamente es lo que ocurre con la reforma educativa.

El gobierno de EPN ha difundido a través de su aparato de propaganda una buena imagen de la reforma educativa —así como todas las demás reformas que su gobierno ha impulsado/impuesto— y que es para beneficio de la sociedad mexicana. Sin embargo, ninguna ley puede ser de beneficio cuando tienen como consecuencia la pérdida de derechos de la clase trabajadora y que como consecuencia deja a los trabajadores en una situación de inestabilidad laboral.

La reforma educativa no tiene absolutamente nada de “educativa”, no aporta modificaciones o mejoras en temas educativoslo que sí realiza es cambiar las condiciones laborales de los profesores. Cualquiera puede entender que esto se le llama “laboral” y no “educativo”. Obviamente, este no es un error simple, de hecho es una estrategia premeditada para evitar manejar con claridad los temas.

La reforma educativa somete a los trabajadores a una situación de evaluación perversa. Los pone frente a una evaluación en donde quien acepte evaluarse puede conservar su empleo pero con otro esquema de contratación más desventajoso que el que tenía, y quién no se evalúe, simplemente pierde su empleo. Luego, quien sí se evaluó, está obligado a evaluarse periódicamente y nada evita que cualquier día pueda perder su empleo.

En otras palabras, el derecho de la “plaza de base”, el cual ofrece la estabilidad laboral, deja de existir. En México este derecho no existe en la iniciativa privada, incluso cuando cualquier trabajador lógicamente desearía poder gozar de este beneficio.

Por lo tanto, si la reforma educativa no aporta beneficios en materia educativa y si disminuye derechos laborales entonces ¿cómo puede ser benéfica una ley así?, es absolutamente contradictoria y absurda.

La ley no es inalterable

El gobierno de EPN, a través del encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, ha impuesto como condición para dialogar con los representantes de la CNTE que no se trate ningún tema relacionado con la reforma educativa.

Si se considera que la reforma educativa es una causa de las manifestaciones, entonces resulta absurdo imponer que no se discuta el objeto de controversia.

Una buena práctica que una sociedad —que se dice— democrática debería cumplir es la apertura al diálogo y a la crítica. En contraste, la condición que el gobierno impone para dialogar cierra toda posibilidad a discutir si la ley es injusta o no, si es perjudicial o no, etc., y se opta por la intolerancia a la crítica.

Las leyes son entes dinámicos y que por lo tanto están sujetos a cambios, si la ley no es útil para la sociedad, entonces existe la posibilidad de cambiarla y la obligación y responsabilidad de cambiar la ley radica en el Poder Legislativo. Con lo anterior, surge la crítica natural pero reiterada: ¿dónde están los legisladores que deberían representar a todo ese sector de la población que se opone a la ley injusta?, quizá deberíamos preocuparnos más por madurar nuestra democracia.

La ley fue aprobada en un proceso cuestionable

La reforma educativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y por lo tanto tiene completa validez legal, sin embargo, lo que no se dice con frecuencia y que se olvida pronto, es que a pesar de que gran parte de la sociedad se manifestó en contra de todas las reformas, los legisladores las aprobaron casi sin discusión.

Esto indudablemente debería alarmarnos más el problema de representatividad que la sociedad mexicana tiene y que es realmente grave comparado con las dificultades para aplicar esta ley injusta.

Las reformas fueron aprobadas en el marco de una alianza política llamado “Pacto por México” y fue ampliamente documentado que los legisladores aprobaron iniciativas sin un proceso previo de crítica ni debate y —mucho menos— de consulta ciudadana.

Las reformas fueron aprobadas incluso cuando enormes manifestaciones civiles y pacíficas se realizaron y recorrieron los recintos legislativos en espera de que los legisladores cumplieran con su deber democrático de representar a la sociedad.

Por lo tanto, ¿qué validez puede tener una ley que fue tan repudiada por la sociedad?, ¿en dónde está nuestro estado democrático y qué tan buenos representantes son los legisladores?, ¿por qué abundan las políticas que amplían las desigualdades y no las políticas de bienestar social?

La ley se cumple cuando se quiere

Aurelio Nuño declaró “la ley no se discute, se cumple”. El gobierno se muestra como un observador y defensor férreo de la ley, pero siempre con plena discrecionalidad y conveniencia.

Si la ley no se discute y se cumple, entonces

  • ¿Por qué no se cumple el artículo 25° de la Ley General de Educación que dice que se debe destinar al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a gasto en educación y al menos el 1% del PIB a investigación científica?,
  • ¿Por qué no se cumple el artículo 5° de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que dice que la educación que imparta el IPN debe ser gratuita?

y así nos podemos cuestionar tantos casos donde el gobierno no se presenta como defensor de la ley, sino como vergudo de la misma.

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La policía como fuerza represora

Podríamos remontarnos a las teorías del origen del estado y analizar cómo las personas hemos delegado la responsabilidad de la seguridad comunal al estado, sin embargo, en nuestros días, los cuerpos policiacos o las policías en teoría tienen el objetivo de preservar la seguridad pública y actual de manera preventiva o correctiva ante contingencias que atenten contra el bienestar de la comunidad, buscando siempre su seguridad e integridad.

En México, no es la excepción, sin embargo, el contraste surge cuando se compara la teoría con la práctica. En la práctica la policía suele ser usada como cuerpo de control y protección al servicio del estado, no de la comunidad.

Es común ver abundantes recursos policiacos destinados para velar por la protección de edificios gubernamentales y empresariales, burócratas de altos nivel, etc.,  pero por otro lado ver raquíticos y hasta nulos recursos en la protección de la comunidad. Mientras se destinan millares de policías para contener manifestaciones pacíficas, suele destinarse sólo  algunas unidades para la vigilancia de los barrios y colonias.

Otro ejemplo es la policía de tránsito. Mientras se destinan cientos de policías de tránsito para contener manifestaciones, no se destinan policías para controlar efectivamente el tránsito de la ciudad en puntos de conflictos vial. Existen muchos policías en automóviles o motocicleta, acechando a conductores en lugares poco visibles en espera de alguno a quien se le pueda detener, aplicar todo el peso de la ley o dejando abierta la posibilidad de beneficiarse del soborno, pero no existen policías que al cometer una falta brinden asesoría para que el conductor evite cometerla de nuevo.

Salvo excepciones que son tan honrosas como escasas, la mayoría carece de criterio propio y —mucho menos— humanístico, se les adiestra para obedecer incluso si la orden en cuestión es inmoral bajo un sentido común.

También hay que mencionarlo, se les trata como esclavos de sus superiores, donde estos pueden intimidarlos y acosarlos de muchas maneras, quizá la más común y la menos violenta: el arresto. Si son tratados como autómatas desechables, entonces esperar que esas personas actúen humanísticamente con la sociedad resulta difícil, por la simple regla de la cadena de la violencia: el maltratado maltratará al siguiente más débil que él.

Los policías comúnmente no tienen instrucción de la normatividad que —en teoría— deben defender y hacer respetar. Cómo es que esperamos que se conduzcan observando los derechos humanos y la normatividad aplicable, si no la conocen.

Como todo lo anterior, existen muchos problemas más. Da la impresión de que la intención siempre ha sido, es y será —por mucho tiempo— que la policía actúe como un cuerpo represor del estado y no como un cuerpo protector de la sociedad.

Nota al pie

Los miembros de la policía que participaron en el cerco realizado a la manifestación de ayer, viernes 17 de junio de 2016, pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y ésta a su vez al Gobierno de la Ciudad de México. Los titulares y responsables de éstas son Hiram Almeida Estrada [3] y Miguel Ángel Mancera Espinosa [2].

Dicha manifestación fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y se le sumaron numerosos y diversos grupos de estudiantes, docentes, público en general, etc.

Fuentes y referencias

[1]: Maestros de la CNTE marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México (Foto de Jair Cabrera)
La Jornada
URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/18/intelectuales-critican-la-201cbrutal-represion201d-contra-los-maestros/cnte.jpg

[2]: Miguel Ángel Mancera
Wikipedia
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Mancera

[3]: Hiram Almeida Estrada
Wikipedia
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Hiram_Almeida_Estrada

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