A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

Este lunes 26 de septiembre de 2016 se cumplen dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, también son dos años de impunidad contra los responsables involucrados en este caso y de una deuda de justicia para las familias y para la sociedad mexicana.

Este caso ha evidenciado la complicidad entre autoridades municipales, estatales y federales, así como al ejército mexicano, para no hacer una investigación que resulte en una explicación confiable de los hechos.

Se ha evidenciado que los mecanismos de investigación del estado no cumplen los estándares internacionales y parecen tener un bloqueo cuando actores políticos están involucrados, probablemente obedeciendo a un pacto de impunidad.

Se han señalado numerosas irregularidades en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Muchas de las irregularidades no fueron subsanadas, ni justificadas por el titular de la PGR en ese momento, José Murillo Karam, por el contrario, se han optado por desacreditarlas.

Se acudió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para tener una investigación alterna a la que realizaba la PGR. Este grupo trabajó en medio de presiones y obstáculos gubernamentales, en lugar de un ambiente de libertad y transparencia. Este grupo se vio presionado a finalizar sus trabajos y salió del país, mientras en la reunión para exponer en su segundo —y último— informe de actividades, el auditorio y la sociedad mexicana pedía que no se retirara.

Se ha expuesto que así como el caso de Ayotzinapa, existe una gran cantidad de casos de desapariciones que han ocurrido y no han tenido la atención pública, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades.

Se tiene otra muestra más de la poca confianza que la sociedad mexicana tiene en las instituciones de impartición de justicia, de investigación y de seguridad, por deficiencias en el ejercicio de sus funciones.

A dos años de la desaparición de estos mexicanos y en memoria de ellos y todos los que sus casos no han visto la luz pública, debemos recordar que sólo podemos aspirar a un mejor México, cuando tengamos una sociedad más unida, más exigente, más crítica y mejor educada.

Fuentes y referencias

[1]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Video)
URL: https://youtu.be/q01SgCzbdyI?t=50m

[2]: Segundo Informe de Actividades del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (Documento)
URL: https://drive.google.com/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view

[3]: Página web oficial del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes
URL: http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa

Comentarios sobre la aprobación de renta de aulas en ESCOM

He aquí mis comentarios del contenido de la grabación de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE) de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) realizada el día 20 de septiembre de 2016, donde se presentó y aprobó la propuesta de renta de aulas en la ESCOM.

La grabación de esta sesión se publicó en la página web oficial de la ESCOM [1] y está dividida en dos partes [2] [3]. Cada uno de mis comentarios tiene referencia a un rango de las ideas vertidas en la grabación, de modo que recomiendo al lector escuchar los audios y leer los comentarios en conjunto.

Audio 1

02:20 – 02:56

Lo correcto de parte de los funcionarios públicos es citar con precisión la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones, lo que dista mucho de “…reglamento que hemos trabajado…”.

Dentro de la presentación de la propuesta, se cita un convenio con el IPN, mismo que no se detalla, ni se presenta —por lo que en el audio se puede suponer— a los miembros del CTCE para su consulta.

02:58 – 03:41

Se argumenta que no se puede tener el contrato sin antes tener un convenio previo, ya que se tiene el convenio entonces se puede tener un contrato y para ello se requiere la aprobación del CTCE.

¿Cómo es que los miembros del CTCE votarían una propuesta de la que no tienen mayor información que la que oralmente se expone, sin tener certeza de la legalidad de la propuesta, pero más importante, sin tener certeza de la moralidad y la conveniencia para la comunidad?

Da la impresión que el proyecto de renta ya está premeditado e impulsado y sólo se requiere que el CTCE lo apruebe, al estilo de “una firma de un papel en blanco” avalando decisiones externas.

06:45 – 07:10

En la minuta no apareció escrito, a petición del profesor Ricardo Ceballos que replicó la propuesta, que “el instituto está para prestar servicios educativos y no para estarse subcontratando… ¡yo me opongo a esto!”. El pronunciamiento del profesor no fue plasmado como lo solicitó.

07:54 – 08:29

Se argumentó que “el curso está pensado para impartirse en sábado, no impactando la actividad académica ordinaria”.

Argumentar esto implica la incomprensión de la actividad principal del IPN y que el profesor Ceballos mencionó en su participación anterior, es decir, “el instituto no está para estarse subcontratando”.

08:30 – 0847

Se argumenta que se ha considerado el beneficio que la escuela puede tener, siendo económico o no, así como el que los estudiantes y docentes también puedan tener. Esto sin detallar “esos beneficios”, queda claro el beneficio económico a la escuela mediante el monto de la renta, pero el argumento es débil en su exposición si no se dan detalles.

Se argumenta “no es una subcontratación”, pero es una renta de un espacio público a una empresa privada donde su actividad lucrativa es la educación, lo cual no está explícito dentro de las finalidades del IPN como lo indica el artículo 3º, ni en las atribuciones del IPN como lo indica el artículo 4º y por el contrario, va en contra del espíritu del artículo 5º que busca la educación gratuita en el IPN. Todos estos artículos de la Ley Orgánica del IPN (LOIPN).

Este es otro ejemplo del desconocimiento de las autoridades de la normativa básica del IPN y los principios con los que se redacta.

09:20 – 09:23

Se argumenta que “da la posibilidad de que el estudiante —se puede suponer que con la capacitación de estos cursos— tenga la oportunidad de ‘llevar’ un posgrado”.

Personalmente no conozco un solo programa de posgrado que tenga entre sus requisitos alguna certificación o —particularmente— algún curso de la empresa involucrada en la discusión.

10:40 – 11:10

Se argumenta que “se ofertó a toda la planta docente, sobre todo a los departamentos que imparten esas áreas”.

Personalmente, nunca fui notificado ni tuve conocimiento de la oferta de las becas. Si bien no imparto las materias de las que se hace referencia, dada mi formación académica si tengo la capacidad de impartirla —en el. supuesto de que fuera de mi interés—. Considerando lo anterior la medida NO es incluyente por parte de las autoridades.

15:55 – 16:35

Se argumenta que —los conocimiento— “no están relacionados” haciendo referencia a los que se imparten en los cursos y los que se imparten en el plan de estudios. Lo cual fue el argumento de presentación de la propuesta. También cita el ejemplo de “programación” donde “no se tiene señalado con qué lenguaje de programación se va a enseñar” y en los diplomados se enseña java, además que “el profesor por fuerza tenga que enseñar java”.

El argumento es falaz si se considera que dentro del plan de estudios si se enseña java y se usa como lenguaje de uso en varias materias. Por otro lado, suponiendo que no se enseñara y los docentes no estuvieran obligados a enseñarlo, el problema está en el plan de estudios. Este problema no se resuelve con cursos externos.

Audio 2

00:07 – 00:31

Si los estudiantes requieren conocimientos que nuestra escuela, la ESCOM, no imparte, entonces lo correcto es actualizar el plan de estudios que contempla los conocimientos mínimos requeridos y que no están en el actual plan, de otro modo, la labor educativa de la ESCOM está siendo mediocre.

00:33 – 00:45

Me parece grave que no se entienda que el problema no es si la escuela está ocupada o no, sino que la renta de aulas es una forma de privatización del espacio público y esto dista mucho ser del espíritu de la LOIPN y los principios con los que la institución se fundó.

Proponer algo en este sentido ya es en sí una falta moral siendo miembro de la comunidad del politécnico y en el caso de funcionarios a la promesa de defender al instituto y su normativa que hicieron cuando tomaron posesión de sus respectivos cargos —como funcionarios—.

00:45 – 00:59

La frase “elefante blanco” se utiliza para denominar a algo que tiene un alto costo mantener y que su utilidad es pobre o nula.

Argumentar “la escuela sería un elefante blanco” si esta no se prestara a la renta de sus espacios es simplemente falaz y sin sentido. Sería decir que la escuela cobra valor a partir de la renta de espacios y se deja de lado todas las labores que actualmente se desempeñan.

01:00 – 01:26

Me parece grave que dentro de la comunidad politécnica, especialmente funcionarios o personal docente, se acepte y se conforme con el hecho de que el IPN no dará la capacitación del nivel que —supuestamente— la empresa da.

Esto refleja un desconocimiento de los derechos y sería vergonzoso que en nuestras escuelas no educáramos personas capaces de exigirlos y defenderlos.

01:27 – 01:37

El estado, en este caso el IPN, debe dar la capacitación necesaria a sus docentes para cumplir con la necesidades educativas, ya que es una de sus obligaciones. Si los docentes no reciben la capacitación necesaria entonces es responsabilidad en primer lugar de los docentes exigirla y —quizá— en segundo lugar de los estudiantes solidarizarse con los docentes para exigirla al ser sujetos de perjuicio por los incumplimientos del estado.

Insisto en la gravedad que implica que cualquiera de los miembros de la comunidad politécnica opte por no exigir su derecho a la capacitación necesaria y conformarse con becas de una empresa privada.

02:01 – 02:11

Nuevamente se aprecia esa costumbre por ceder y perder derechos en lugar de exigirlos y protegerlos, lo cual es un ejemplo vergonzoso para nuestros estudiantes, las personas que debemos educar con buenos valores, además de los temas académicos.

03:44 – 04:00

Se argumenta “insuficiencia de becas para estudiantes” para justificar que docentes hagan uso de las becas —de los cursos de la empresa privada—, se capaciten y a su vez transmitan esos conocimientos.

Si tales cursos fueran indispensables en la formación educativa de los estudiantes, entonces se habla de carencias en el plan de estudios actual y lo correcto debería ser: (a) la actualización del plan de estudios que sí considere estas carencias y (b) la capacitación de docentes provista por el estado.

04:01 – 04:15

Nuevamente plantean las becas de estos cursos como una oportunidad que la comunidad no debe dejar pasar, sin embargo, no lo es.

Se argumenta que algunos docentes beneficiarios de las becas pueden tomar los cursos de certificación y estos a su vez podrán transmitir los conocimientos a sus estudiantes, resultando beneficiarios finales estos últimos.

¿Acaso todos los docentes que lo deseen tendrán acceso a los cursos?, ¿los docentes serán certificados? y si así lo fueran, ¿los estudiantes que tomen cursos y aprueben un curso con estos profesores también serán certificados?

Mientras la educación sea selectiva entonces será un acto de discriminación.

04:28 – 04:44

Se argumenta que se realizó una “revisión” para encontrar la forma “más conveniente” de llegar a los estudiantes —en referencia a “hacer llegar los conocimientos”— y basado en esta revisión se concluyó que era mediante los docentes.

Nuevamente, por un lado, se induce la necesidad de que los docentes —seleccionados— deban tomar las becas y por otro lado, no se defiende que los docentes tienen derecho a la capacitación necesaria del estado, simplemente se da por perdido esto.

Es razonable cuestionarse, ¿cuál es la revisión que se argumenta?, ¿por qué no se presentó junto con la propuesta de la renta de espacios?, ¿por qué nadie de los docentes cuestionó si efectivamente era la mejor opción para beneficiar a los estudiantes?, ¿por qué los mismos estudiantes consejeros no cuestionaron si eso los beneficiaba?, ¿la revisión que se argumenta es realmente confiable?

04:45 – 05:31

Nuevamente, si los estudiantes requieren una mejor capacitación académica, la —supuesta— solución no debe de venir de las empresas privadas, sino del estado que está obligado a hacerlo.

06:12 – 06:25

Implementar una “estrategia” de selección de estudiantes beneficiarios de los cursos o becas, es per-se una forma de discriminación.

Cualquier estudiante del IPN tiene el derecho de acceder a la educación provista por el estado.

Conclusiones

La comunidad politécnica nunca debería permitir ningún intento de privatización de los espacios públicos, incluso mediante los eufemismos mañosos como “otorgamiento”. No es lo mismo rentar el espacio para una cafetería que las aulas para delegar la educación, la diferencia radica en que la institución no tiene el objetivo de dar servicio de cafetería, pero si de proveer educación.

Se requieren directivos que exijan el presupuesto necesario para cumplir con las necesidades de la escuela y no que justifiquen o se conformen con las carencias económicas. Se requiere una actualización en los planes de estudios para que la educación de nuestra escuela sea una certificación en sí misma de calidad académica. Se requiere que el estado cumpla con su obligación de capacitar a sus docentes y no que una empresa privada de becas para su negocio de cursos. Se requiere que la educación esté disponible para los estudiantes y no que sólo algunos estudiantes sean beneficiados. Se requieren docentes que exijan la capacitación que por derecho les corresponde y no que justifiquen que el estado no se las otorgará. Se requiere que los docentes enseñemos a los estudiantes a conocer y defender sus derechos, incluso mediante el ejemplo y no enseñar a ser sumisos ante las injusticias. Se requieren estudiantes que defiendan los intereses de los mismo estudiantes y no que guarden silencio. Se requieren consejeros que representen a sus respectivos sectores y no que sean insensibles a las necesidades y lejanos a quienes representan.

Y finalmente, la actuación de los miembros del CTCE me parece vergonzosa, abyecta y pusilánime, al no dar mayor importancia a la única voz que criticó la propuesta de renta de aulas, incluso cuando realizó señalamientos que no fueron debidamente contestados por los impulsores de la propuesta o en algunos casos fueron ignorados. Los miembros del CTCE dieron un debate corto y poco crítico de la propuesta, acto seguido se “dio carpetazo” y se aprobó la propuesta con muchas interrogantes sin haber sido aclaradas debidamente.

Fuentes y referencias

[1]: Página del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/conocenos/ctce.php

[2]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 1)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_1.mp3

[3]: Audio de la 10ª reunión extraordinaria del XXI Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Cómputo (Parte 2)
URL: http://www.isc.escom.ipn.mx/audios/conocenos/ctce/xxi/10aExtOrd_2.mp3